Yo había decidido esperar los primeros cien días del gobierno de Abelardo para escribir esta columna. ¿Por qué? Porque siento que los primeros cien días de cualquier gobierno son casi que gobernar mirando por el retrovisor. Todo se concentra en sacar vainas del gobierno anterior, en decir qué dejaron mal, qué se robaron, qué no hicieron y en justificar por qué todavía no se han cumplido las promesas de campaña.

Y hasta cierto punto lo entiendo. Cada gobierno necesita tiempo para organizarse, conocer el estado de las instituciones y empezar a ejecutar sus propuestas. Pero, sinceramente, siento que esperar cien días para hablar de lo que está pasando sería demasiado tiempo. Porque una cosa es darle tiempo a un gobierno para que muestre resultados y otra muy distinta es quedarse callado cuando empiezan a aparecer situaciones que pueden comprometer nuestras instituciones, nuestros derechos y la misma Constitución.

Y quiero dejar algo claro desde el principio. Esto no se trata de que Abelardo me caiga bien o mal. Tampoco se trata de defender al gobierno anterior, porque ese también debe responder por sus errores. Se trata de algo mucho más importante. Se trata de entender que, independientemente de quién ocupe la Presidencia, hay unas reglas que todos debemos respetar. Y el primero que debería dar ejemplo es precisamente el presidente.

Quiero empezar por el día de su posesión.

Desde antes de asumir la Presidencia, Abelardo ya venía hablando de su intención de posesionarse en una guarnición militar. Al final, el acto institucional se realizó en Cali, en un recinto civil, pero tuvimos que esperar alrededor de tres horas y media para que el presidente apareciera.

Tres horas y media sin presidente en el acto de posesión. Y cuando finalmente llegó, dio un discurso que, por lo menos en las formas, parecía institucionalista. Habló de gobernar para todos y todas, de respetar la Constitución y de representar a los colombianos sin importar por quién hubieran votado.

Y bueno, hasta ahí todo bien. Eso es lo mínimo que uno espera de cualquier persona que asume la Presidencia de la República.

El problema es que una cosa es lo que se dice en un discurso y otra muy distinta es lo que se hace después.

Después de recibir el juramento presidencial, Abelardo salió del recinto civil para continuar con su agenda en una guarnición militar. Y durante el mismo acto de posesión también se les dio espacio a representantes de determinadas confesiones religiosas para realizar intervenciones de carácter religioso.

Y aquí quiero detenerme un momento porque parece que a algunos se les olvida algo muy básico. Colombia es un Estado laico.

Eso no significa que el presidente no pueda tener una religión, que los cristianos no puedan practicar su fe o que los judíos, musulmanes y demás creyentes deban esconder sus convicciones. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. Precisamente de eso se trata la libertad religiosa.

Pero una cosa es la libertad religiosa de cada ciudadano y otra muy distinta es utilizar un acto institucional del Estado para dar protagonismo a determinadas confesiones mientras otras quedan por fuera.

¿Dónde estaban las demás religiones? ¿Dónde estaba la población musulmana? ¿Y qué pasa con los colombianos que no profesan ninguna religión?

El problema no es que se invite a alguien que crea en Dios. El problema es que el Estado debe representar a todos, no solamente a quienes comparten las creencias del presidente.

Y lo más irónico es que, después de todo aquello, Abelardo terminó su intervención con una expresión religiosa que volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la separación entre el Estado y las iglesias.

No se trata de prohibirle a nadie que diga lo que piensa. Se trata de entender que el presidente no está hablando únicamente como un ciudadano cuando representa al Estado. Está ejerciendo una función pública que debe respetar los principios constitucionales.

Y si un juez considera que se vulneraron esos principios y ordena una retractación, lo mínimo que se espera es que la decisión se cumpla de buena fe. No que se convierta en otra oportunidad para lanzar un mensaje que vuelva a provocar la misma discusión.

La Constitución no es una sugerencia. Y los fallos judiciales tampoco son válidos solamente cuando favorecen al gobernante de turno.

Pero esto apenas comenzaba.

Pocos días después de su posesión, Colombia tuvo que enfrentar el terremoto del 10 de agosto. Una tragedia de esas dimensiones exige que el Estado responda con rapidez, coordinación y, sobre todo, sin sectarismos.

Cuando hay personas atrapadas, familias que lo han perdido todo y comunidades enteras esperando ayuda, la ideología del presidente debería ser lo último que importe.

Sin embargo, Abelardo había decidido que iba a gobernar desde Barranquilla y terminó enfrentándose a una realidad que parece que no había dimensionado. Colombia tiene unas instituciones, unos mecanismos de coordinación y unas necesidades administrativas que no pueden acomodarse simplemente a los caprichos de quien gobierna.

Si un país enfrenta una emergencia nacional, el Gobierno tiene que garantizar que las decisiones se tomen a tiempo y que las entidades responsables estén coordinadas. No se trata de defender a Bogotá por encima de Barranquilla o de cualquier otra ciudad. Se trata de entender que gobernar un país requiere algo más que anunciar desde dónde se quiere gobernar.

Y si hubo demoras en la respuesta institucional, en la coordinación de la emergencia o en la llegada de ayudas internacionales, el Gobierno debe dar explicaciones.

También me preocupa la información sobre los filtros ideológicos que se habrían aplicado a la ayuda internacional. Si un país ofrece asistencia para rescatar personas, atender heridos o ayudar a una población afectada, ¿por qué la ideología de su gobierno debería pesar más que la necesidad de quienes están sufriendo?

La ayuda humanitaria no puede convertirse en una herramienta para premiar a los amigos políticos ni para castigar a quienes piensan distinto.

Si México ofrece ayuda, se evalúa. Si Venezuela ofrece ayuda, se evalúa. Si la ofrece Estados Unidos, Israel, El Salvador o cualquier otro país, se evalúa con criterios técnicos, humanitarios y de seguridad.

Lo que no puede pasar es que se deje esperando a un país por diferencias políticas mientras la gente necesita atención. Y si hubo decisiones de ese tipo, deben investigarse y explicarse con claridad.

Porque el sectarismo político ya es bastante dañino en tiempos normales. En medio de una tragedia puede tener consecuencias mucho más graves.

Y mientras todo esto ocurría, también aparecieron polémicas por las ayudas entregadas a los damnificados y por elementos que llevaban distintivos partidistas. Si se utilizaron recursos o bienes destinados a la población afectada para promocionar un partido político, eso merece una explicación seria.

Las ayudas del Estado no son regalos del presidente. No son propaganda de su movimiento político. Son recursos destinados a ciudadanos que atraviesan una situación de vulnerabilidad.

Pero parece que para este Gobierno todo termina convirtiéndose en una oportunidad para hacer campaña.

Y esa es precisamente una de las cosas que más me preocupan. La incapacidad de distinguir entre gobernar y hacer campaña.

Porque una cosa es que un presidente tenga una estrategia de comunicación y otra es que parezca más interesado en construir una narrativa para sus seguidores que en resolver los problemas reales del país.

Y hablando de campaña, hay otra cosa que me llama muchísimo la atención. Abelardo prometió gobernar con personas que nunca habían tenido una oportunidad, renovar la política y romper con las prácticas de siempre.

Sin embargo, cuando uno empieza a mirar los nombres que ocupan los cargos de poder, aparecen figuras conocidas de la política tradicional, con sus respectivas alianzas y sus relaciones políticas.

Y quiero aclarar algo. Yo no estoy en contra de la tecnocracia colombiana ni de que una persona con experiencia en la administración pública vuelva a ocupar un cargo. Tampoco creo que alguien sea corrupto automáticamente por pertenecer a una familia política o por tener relaciones con determinados sectores.

Pero sí me parece legítimo preguntarse cuáles son los criterios que se están utilizando para escoger a quienes van a dirigir el país.

¿Se está privilegiando la capacidad técnica? ¿La trayectoria? ¿La transparencia? ¿O estamos viendo otra vez cómo se reparten los espacios de poder entre los grupos que respaldan al Gobierno?

Si existen investigaciones o cuestionamientos sobre determinados funcionarios o sus entornos familiares, esos asuntos deben examinarse con rigor. Una investigación no convierte automáticamente a nadie en culpable, pero tampoco podemos fingir que las dudas no existen.

La transparencia no puede ser un discurso que se utiliza contra los adversarios y que se olvida cuando los cuestionamientos recaen sobre los aliados.

Y en medio de todo esto apareció otro asunto que considero preocupante. La llamada guerra cultural.

Colombia lleva décadas hablando de guerra. Hemos vivido una guerra armada, una guerra política, una guerra contra las drogas y una guerra contra el miedo. Hemos visto cómo la violencia destruye familias, comunidades y oportunidades.

¿De verdad necesitamos que ahora el Gobierno convierta nuestras diferencias culturales en otra batalla?

Un país tan diverso como Colombia no necesita que el presidente nos diga quiénes son los buenos y quiénes son los malos según sus propias convicciones. Necesita instituciones que garanticen los derechos de todos, incluso de quienes tienen ideas que no compartimos.

Y cuando a eso se suman decisiones diplomáticas polémicas, cuestionamientos sobre el compromiso con el multilateralismo y nombramientos que generan dudas sobre la defensa de las libertades culturales, el asunto deja de ser una discusión aislada.

Empieza a dibujarse una forma de entender el poder que merece nuestra atención.

Pero si hay un punto en el que considero que debemos prestar especial atención, es la relación del presidente con la prensa.

Primero, las restricciones a la comunicación pública de los ministros y la necesidad de autorización de la Presidencia para determinadas declaraciones. Después, los anuncios de que el Gobierno privilegiaría a medios considerados amigos. Y en medio de ese ambiente, las controversias por la salida de periodistas y de voces críticas, incluidos caricaturistas que han utilizado su trabajo para cuestionar al poder.

Cada caso debe analizarse con sus hechos y sus circunstancias. No podemos afirmar que todo despido constituye censura ni que toda decisión editorial responde a una orden presidencial. Pero tampoco podemos ignorar el problema más amplio.

¿Qué sucede cuando un Gobierno empieza a tratar a la prensa crítica como un enemigo?

La prensa no está para aplaudir al presidente. No está para proteger su imagen ni para repetir sus discursos. Está para preguntar, investigar, contrastar y, cuando sea necesario, incomodar.

Y sí, los periodistas también se equivocan. También deben responder por sus errores, corregir información falsa y asumir responsabilidades cuando corresponda.

Pero eso no significa que el Gobierno pueda utilizar su poder para intimidar a quienes lo cuestionan.

Una democracia necesita una prensa capaz de incomodar al gobernante sin tener que preguntarse si hacerlo pondrá en riesgo su trabajo.

Cuando un presidente empieza a distinguir entre periodistas buenos y malos según la cobertura que recibe, cuando considera que los medios críticos son adversarios políticos y cuando pretende controlar la comunicación de sus propios funcionarios, deberíamos preguntarnos si estamos ante simples diferencias de estilo o ante una concepción equivocada del poder.

Y si alguien todavía cree que esto se limita a una mala relación con los periodistas, miremos lo que ha pasado con la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Bruce Mac Master, quien llevaba años al frente del gremio, terminó renunciando en medio de una confrontación con el Gobierno. Según lo reportado por varios medios, Abelardo les habría ordenado a sus ministros que no se reunieran con Mac Master, cerrando así un canal de interlocución entre el Ejecutivo y uno de los principales gremios empresariales del país.

Estamos hablando de una organización que agrupa a numerosas empresas de distintos sectores y que representa una parte importante del aparato productivo colombiano. No estamos hablando de cualquier asociación ni de un grupo de personas que se reunió a criticar al presidente en una esquina.

Estamos hablando de un gremio que tiene un papel importante en la discusión económica nacional.

Y aquí hay algo que me parece fundamental. Un Gobierno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que diga un gremio empresarial. Los empresarios también pueden equivocarse, defender intereses particulares y tomar decisiones que merecen ser cuestionadas.

Pero una cosa es discrepar de una organización y otra muy distinta es cerrarle las puertas de la interlocución institucional porque su presidente no es del agrado del Ejecutivo.

¿Desde cuándo gobernar consiste en decidir quién merece sentarse a conversar con el Estado según la relación política que tenga con el presidente?

Lo preocupante no es que Abelardo tenga diferencias con Mac Master. Eso es perfectamente legítimo. Lo preocupante es que se haya llegado a una situación en la que, según las informaciones publicadas, se les habría indicado a los ministros que no se reunieran con él y que esa confrontación terminara en su renuncia.

Y esto va más allá de los empresarios.

Porque hoy puede ser la ANDI. Mañana puede ser cualquier organización que tenga diferencias con el Gobierno. Si la respuesta del poder es cortar los canales de diálogo hasta que quienes están al frente de esas organizaciones se aparten, ¿qué clase de relación quiere construir el presidente con la sociedad?

Un Gobierno democrático no está obligado a darle la razón a todo el mundo. Está obligado a escuchar, a responder argumentos y a respetar la autonomía de las organizaciones.

La interlocución institucional no puede convertirse en un premio para los amigos ni en un castigo para quienes incomodan.

También he visto afirmaciones según las cuales la ANDI habría quedado en manos de alguien afín al Gobierno. Eso debe comprobarse con información sobre quién asumió la dirección, cuáles son sus antecedentes y qué vínculos tiene realmente. No hace falta inventar una conclusión para señalar que una confrontación de esta naturaleza merece atención.

Porque la independencia de los gremios, como la independencia de la prensa y de la justicia, importa precisamente cuando entra en conflicto con los intereses del poder.

Y si todo esto no es suficiente para preguntarnos cómo entiende Abelardo el ejercicio de la Presidencia, entonces hablemos de seguridad.

Durante la campaña prometió mano dura contra los delincuentes. Y claro, cualquier gobierno tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y combatir a quienes cometen delitos.

Pero la seguridad no puede convertirse en un espectáculo diseñado para las redes sociales.

Me preocupa cuando las imágenes de personas muertas se utilizan como parte de una puesta en escena política, como si el objetivo fuera demostrar quién es más duro o quién puede exhibir más fuerza.

El Estado tiene la obligación de combatir el crimen, proteger a los ciudadanos y garantizar la justicia. Pero también tiene la obligación de respetar la dignidad humana y actuar dentro de la ley.

No necesitamos un Estado que compita en crueldad con los delincuentes. Necesitamos uno que sea más fuerte precisamente porque no renuncia a sus principios.

Por eso es importante escuchar a las instituciones que advierten sobre riesgos para los derechos humanos, examinar las alertas de la Defensoría del Pueblo y exigir que cualquier operación de seguridad se evalúe no solamente por sus resultados inmediatos, sino también por su legalidad y sus consecuencias.

La mano dura no puede ser una excusa para dejar de hacer preguntas.

Y en general, esa es la sensación que me deja este Gobierno. Una distancia cada vez más preocupante entre el mundo que construye en sus discursos y el país que tenemos que enfrentar en la realidad.

En redes sociales todo puede parecer una victoria. Cada crítica se convierte en una conspiración, cada cuestionamiento en una persecución y cada decisión polémica en una nueva oportunidad para movilizar a los seguidores.

El presidente puede construir una narrativa en la que siempre tiene la razón y en la que cualquier institución que lo contradiga termina siendo presentada como parte del problema.

Pero gobernar no es ganar discusiones en internet.

Gobernar es responder por las consecuencias de las decisiones. Es garantizar que las instituciones funcionen incluso cuando no están dirigidas por personas afines. Es aceptar que un juez puede suspender una medida, que un periodista puede cuestionar una política y que un ciudadano puede protestar contra el Gobierno sin convertirse por eso en un enemigo.

Si los jueces suspenden decretos porque encuentran posibles incompatibilidades con la ley, el Gobierno debe defender sus decisiones por las vías institucionales, presentar sus argumentos y respetar las decisiones judiciales mientras se resuelven las controversias correspondientes.

No puede pretender que los jueces sean legítimos solamente cuando fallan a su favor.

Lo mismo ocurre con la Jurisdicción Especial para la Paz. Se puede debatir sobre su funcionamiento, sus resultados y las reformas que necesite. Ninguna institución debería estar exenta de la crítica.

Pero otra cosa es desconocer su importancia dentro del sistema de justicia transicional y tratar de desmantelar sus mecanismos sin considerar las consecuencias para las víctimas, la verdad y la construcción de paz.

Las instituciones no son perfectas. Precisamente por eso existen mecanismos para corregirlas. Pero corregir no significa destruir todo aquello que incomoda al gobernante.

Y es que la Constitución existe, entre otras cosas, para recordarnos que el presidente no es dueño del país.

Ganar unas elecciones no significa recibir un cheque en blanco. Una mayoría electoral no autoriza a desconocer los derechos de quienes votaron por otra opción. Y llegar al poder no significa que todas las instituciones deban ponerse al servicio del proyecto político del presidente.

La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También consiste en aceptar límites, respetar las reglas y garantizar que quienes están en desacuerdo con el Gobierno puedan seguir expresándose libremente.

Por eso me preocupa que algunas de estas conductas se estén normalizando.

Que las restricciones a la prensa se justifiquen porque los periodistas son incómodos. Que las decisiones judiciales se presenten como conspiraciones. Que las instituciones sean consideradas obstáculos cuando no obedecen al Ejecutivo. Que el sectarismo se convierta en una forma aceptable de gobernar.

Y me preocupa, sobre todo, que terminemos acostumbrándonos.

Porque las democracias no mueren de un día para otro.

No siempre desaparecen con un golpe de Estado ni con tanques recorriendo las calles. A veces se van desmoronando poco a poco, mientras los ciudadanos encuentran una justificación para cada abuso, una excusa para cada atropello y una razón para guardar silencio cuando el afectado es alguien con quien no simpatizan.

Primero es contra los periodistas que no nos gustan. Después, contra los jueces que consideramos enemigos. Luego, contra las organizaciones que no se alinean con el Gobierno. Y más adelante, contra las personas cuyas ideas no compartimos.

Y cuando finalmente las restricciones llegan a quienes antes defendían esas medidas, puede que ya sea demasiado tarde para reaccionar.

Por eso quiero terminar hablándole a ese amigo que votó por Abelardo, a ese conocido que defendió su candidatura y que quizá todavía considera que todas estas preocupaciones son exageraciones de la oposición.

Amigo, si llegaste hasta aquí, no te estoy pidiendo que cambies tu voto retroactivamente ni que estés de acuerdo conmigo en cada punto. Tampoco te estoy pidiendo que defiendas a los gobiernos anteriores, porque ellos también deben responder por sus propios errores.

Lo único que te pido es que te hagas unas preguntas.

¿De verdad te sientes orgulloso de lo que está pasando? ¿Te parece aceptable que un presidente prometa respetar la Constitución, pero después convierta sus límites en una molestia? ¿Te parece bien que el Gobierno favorezca a quienes piensan como él y mire con desconfianza a quienes lo cuestionan?

¿Estás dispuesto a aceptar restricciones a la prensa, presiones sobre las instituciones y decisiones que pueden afectar nuestros derechos solamente porque quien las toma es el candidato por el que votaste?

No tienes que responderme en los comentarios. Ni siquiera tienes que responderme a mí. Pero sí creo que deberías responderte con honestidad.

Porque el problema nunca ha sido solamente quién ocupa la Presidencia. El problema es qué estamos dispuestos a permitirle a quien la ocupa.

Hoy puede ser un presidente con el que estás de acuerdo. Mañana puede ser uno cuyas ideas detestas. Y si hoy aceptas que el poder se salte las reglas porque crees que lo hace por una buena causa, ¿con qué autoridad vas a exigir que esas mismas reglas se respeten cuando gobierne alguien a quien no apoyas?

La Constitución no puede depender de nuestras simpatías políticas. La libertad de expresión no puede depender de quién esté hablando. Y la democracia no puede defenderse únicamente cuando gana el candidato que nos gusta.

Yo no quiero que este Gobierno fracase por el simple hecho de que no comparto sus ideas. Quiero que el país funcione, que las instituciones sean respetadas, que la gente viva más segura y que los problemas de los colombianos se resuelvan de verdad.

Pero precisamente por eso no puedo quedarme callado cuando considero que hay señales que ponen en riesgo todo aquello.

No se trata de esperar cien días para decidir si un gobierno merece una crítica. Se trata de entender que hay cosas que necesitan tiempo para evaluarse y otras que deben cuestionarse desde el primer momento.

Porque cuando se trata de los límites del poder, esperar a que el daño sea irreversible no es prudencia. Es llegar tarde.

Y cuando una democracia empieza a perder sus principios, lo más peligroso no es solamente que haya alguien dispuesto a atropellarlos.

Es que, mientras lo hace, millones de personas encuentren razones para aplaudirlo.