Me preocupa mucho este nuevo gobierno. Y no lo digo simplemente porque no comparta su ideología o porque pertenezca a otro sector político. Me preocupa por algo mucho más profundo: me preocupa lo que algunas de sus decisiones pueden significar para la democracia, para las instituciones y para la manera en que entendemos el Estado.

Después del terremoto de agosto de 2026, en medio de una tragedia que dejó daños enormes y afectó también a miles de instituciones educativas, uno esperaría que las primeras palabras del Ministerio de Educación estuvieran concentradas en la emergencia, en los estudiantes, en los profesores, en las escuelas que necesitan ser reconstruidas y en cómo garantizar que los niños y jóvenes puedan continuar estudiando. Sin embargo, lo que hemos visto es que el Gobierno ha decidido colocar en el centro de la discusión otro asunto: denunciar un supuesto adoctrinamiento marxista en los colegios públicos y una supuesta imposición de la llamada "ideología de género".

Y esto me preocupa porque siento que estamos entrando nuevamente en una lógica de guerra cultural. En lugar de preguntarnos cómo fortalecemos la educación pública, cómo recuperamos las instituciones educativas afectadas y cómo garantizamos que nuestros niños tengan una educación de calidad, empezamos a discutir quién está adoctrinando a quién.

Sobre la llamada "ideología de género", además, creo que debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje. Existen los estudios de género, existen investigaciones académicas sobre las relaciones entre sexo, género, cultura y sociedad, existen los estudios feministas y existen investigaciones sobre las experiencias de las personas LGBT. Pero convertir todo eso en una supuesta "ideología" que estaría siendo impuesta en los colegios es otra cosa. Es una categoría política que muchas veces se utiliza de manera tan amplia que termina metiendo dentro del mismo saco cosas completamente diferentes.

Y aquí es donde entra algo que para mí es fundamental: el lenguaje importa.

Nosotros somos seres humanos, pero también somos seres del lenguaje. Percibimos el mundo, lo organizamos y le damos significado a través de las palabras. Para poder hablar de una realidad tenemos que nombrarla. Y cuando dejamos de nombrar determinadas realidades, también podemos hacer que sean menos visibles.

Por eso me preocupa cuando determinadas discusiones sobre el lenguaje terminan borrando categorías que siguen siendo importantes. No tengo ningún problema con que el lenguaje evolucione. El lenguaje siempre ha cambiado y seguirá cambiando. Pero una cosa es transformar voluntariamente la manera en que hablamos y otra muy diferente es utilizar el lenguaje como una herramienta para hacer desaparecer determinadas realidades sociales.

Y pienso particularmente en las niñas y en las mujeres.

Las niñas colombianas han sido víctimas durante décadas de violencia, abuso, discriminación y desigualdad. Entonces, si estamos construyendo políticas públicas para protegerlas, necesitamos poder hablar específicamente de ellas. Necesitamos poder identificarlas, medir las situaciones que las afectan y reconocer aquellas formas de violencia que tienen características particulares.

No creo que nombrar a las niñas sea excluir a otras personas. Al contrario: nombrar a una población cuando existe un problema específico que la afecta es una forma de reconocer que ese problema existe.

Y esto me lleva a una preocupación todavía mayor: la educación pública.

He escuchado propuestas que buscan trasladar determinadas competencias de la educación pública hacia empresas privadas y también hacia instituciones religiosas. Y aquí creo que debemos detenernos a pensar. Que el Estado contrate a una empresa o a una organización para prestar determinado servicio no significa necesariamente que esté privatizando la educación. Pero si el Estado empieza a delegar funciones fundamentales de la educación en instituciones privadas o religiosas, tenemos que preguntarnos quién conserva realmente el control, quién define los contenidos y bajo qué principios se educa a los niños.

Colombia es un Estado laico. Eso no significa que las personas religiosas no puedan participar en la sociedad ni que las instituciones religiosas deban desaparecer del espacio público. Significa que el Estado no puede convertir una determinada doctrina religiosa en la doctrina oficial que deben recibir todos los ciudadanos.

Un niño colombiano puede ser católico, protestante, musulmán, judío, pertenecer a otra religión o no creer en ninguna. Y todos tienen exactamente el mismo derecho a recibir educación pública.

Por eso la educación pública debe estar construida sobre principios que puedan ser compartidos por todos: derechos humanos, pensamiento crítico, conocimiento científico, libertad de conciencia y respeto por la diversidad.

Y aquí es donde mi preocupación deja de ser exclusivamente sobre educación y se convierte en una preocupación democrática.

Porque también he escuchado propuestas para permitir que los miembros activos de las Fuerzas Armadas puedan votar. Y esto me hace pensar inmediatamente en algo que para nosotros, los venezolanos, debería ser especialmente sensible: la relación entre las Fuerzas Armadas y el poder político.

No creo que permitir que un militar vote sea automáticamente una medida antidemocrática. Existen democracias donde los militares en servicio activo pueden votar. Pero Colombia históricamente decidió mantener una separación particular entre la Fuerza Pública y la política partidista. Y existe una razón para ello: los militares tienen las armas del Estado y deben estar subordinados al poder civil.

Una cosa es que un militar tenga opiniones políticas como ciudadano. Otra cosa es que la institución militar empiece a convertirse en un actor político.

Y eso es precisamente lo que me preocupa cuando empiezo a ver varias cosas al mismo tiempo: una fuerte utilización política de la educación, discursos sobre una supuesta batalla cultural, propuestas que pueden aumentar la participación de instituciones religiosas en la educación y, al mismo tiempo, iniciativas que buscan modificar la relación entre las Fuerzas Armadas y la política electoral.

No estoy diciendo que Colombia se haya convertido en Venezuela. Sería absurdo afirmar eso. Colombia sigue teniendo instituciones, elecciones, Congreso, cortes, prensa, oposición y muchas otras barreras que hacen que las situaciones sean diferentes.

Pero precisamente porque nosotros sabemos lo que ocurrió en Venezuela, deberíamos prestar atención a las señales que puedan indicar una politización de instituciones que deberían permanecer neutrales.

La democracia no se pierde necesariamente de un día para otro. No siempre llega alguien y dice: "a partir de mañana se acabó la democracia". Muchas veces las instituciones se van transformando poco a poco. Se empiezan a justificar excepciones. Se empieza a decir que una institución necesita alinearse con determinado proyecto porque "es por el bien del país". Se empieza a considerar que quienes piensan diferente no son simplemente opositores, sino enemigos. Y poco a poco se van debilitando los límites que existen precisamente para impedir que cualquier gobierno tenga demasiado poder.

Por eso mi preocupación no es que gobierne la derecha, la izquierda o cualquier otra corriente política. Mi preocupación es que un gobierno pueda utilizar las instituciones del Estado para imponer su propia visión ideológica de la sociedad.

Y quiero ser muy claro en algo: esta crítica también tendría que aplicarse si gobernara alguien de izquierda.

Si un gobierno de izquierda utilizara las escuelas para adoctrinar a los niños, yo estaría igualmente en contra. Si intentara politizar las Fuerzas Armadas, también estaría en contra. Si utilizara las instituciones religiosas para imponer una determinada visión política, también estaría en contra.

Porque defender la democracia no puede significar defender únicamente las instituciones cuando gobiernan las personas que nos gustan.

Significa defenderlas también cuando gobiernan las personas con las que estamos en desacuerdo.

Y quizá eso es lo que más me preocupa en este momento: el silencio.

Entiendo que Colombia está atravesando un momento de dolor y que después de una tragedia como la que vivimos hay otras prioridades inmediatas. Pero precisamente por eso creo que debemos estar atentos. La democracia no solamente se defiende cuando hay una dictadura evidente o cuando las instituciones ya están completamente destruidas. También se defiende cuando empiezan las pequeñas discusiones sobre cuáles son los límites del poder.

No quiero vivir en un país donde la educación pública sea utilizada como instrumento de propaganda de ningún gobierno. No quiero unas Fuerzas Armadas convertidas en actor político. No quiero que una religión determinada defina qué deben pensar todos los colombianos. Y tampoco quiero que ningún gobierno, independientemente de su ideología, pueda decidir quién tiene derecho a ser visible, quién puede ser nombrado y qué ideas son aceptables.

Quiero un Estado que pueda gobernar, pero que también pueda ser limitado.

Quiero una educación pública que enseñe a pensar y no qué pensar.

Quiero unas Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil, pero alejadas de la política partidista.

Y quiero una democracia donde podamos discutir nuestras diferencias sin convertir al que piensa distinto en un enemigo.

Porque al final, para mí, defender la democracia no consiste en defender al gobierno que uno quiere. Consiste en defender las instituciones que permitirán que incluso un gobierno que uno detesta tenga que respetar las mismas reglas que todos los demás.